El boom de las actividades en la montaña se ha traducido en un aumento de los rescates que tienen que hacer los bomberos: en diez años se ha pasado de 281 a 763 operaciones de salvamento en Catalunya. El teléfono móvil lo pone muy fácil para pedir ayuda si las cosas se ponen feas, pero también propicia abusos de este servicio público. Desde que entró en vigor, el 1 de octubre del 2009, la normativa que establece el cobro de la tasa a las personas auxiliadas que se hayan comportado de manera temeraria, la Generalitat ha tramitado siete facturas, de las cuales tres hacen referencia a actuaciones en el monte. Se han cobrado dos.
El 112 recibió a las 22.32 horas del pasado 17 de agosto la llamada de un excursionista avisando que su compañero se había perdido mientras realizaban la ruta Ribas de Freser-Cova de les Encantades. Siete bomberos se desplazaron al lugar de los hechos e iniciaron la búsqueda del hombre sin éxito. Uno de sus vehículos se cruzó con un turismo cuyos dos ocupantes dijeron no saber nada del asunto. Pero se trataba de los que habían dado la alerta. Los dos estaban a salvo y provocaron un operativo innecesario. Esta conducta incívica ha costado a estos dos sujetos 838 euros.
Cuando el rescate implica helicópteros, y se puede comprobar que se ha cometido una imprudencia, la factura se dispara. La ley fija el precio de una hora de helicóptero en 2.857 euros; de un vehículo en 49,15, y de un bombero en 37,85, según explica el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Ramon Parés. “La ley se aplica si una persona accede a un lugar cerrado, como pueden ser vías ferratas o zonas inundadas; si no se lleva el equipo adecuado, no se ha informado, antes de salir, de la meteorología ni de la ruta, o si pide el servicio sin precisarlo”, detalla Parés. “Los citados dos excursionistas cometieron un abuso, no avisaron al 112 de que la persona que se había perdido ya había aparecido y tuvieron la mala suerte de cruzarse con un coche de bomberos que los identificó”, añade el director general.
Tanto la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) como la Federación Española de Deportes de Montaña (Fedme) están en contra de la aplicación de tasas al considerar que es una medida discriminatoria respecto a otros servicios públicos que también implican un rescate y que son gratuitos, como accidentes de tráfico o incendios. Lluís Simó, vicepresidente de la FEEC, y José María Nasarre, responsable de Accesos y Naturaleza de la Fedme, destacan que el cobro del salvamento no logra el efecto disuasorio pretendido, que la asignatura pendiente sigue siendo la prevención a través de campañas de formación y sensibilización.
“Cada vez sale más gente al medio natural, el colectivo que más crece es el de mayores de 55 años. El principal problema es que no existe ningún organismo que aglutine toda la información, hay una cierta desidia por parte de la Administración central. Es imprescindible crear un observatorio que analice los diferentes tipos de accidentes, que diseñe una estrategia única y que defina cuáles son las actividades temerarias que son sancionables”, opina Alberto Ayora, experto en seguridad de montaña.
En Catalunya, también los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Puigcerdà y Vielha, efectuaron diez y un rescate, respectivamente, en 2014.
Además de Catalunya, también Asturias, País Vasco, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Navarra disponen de leyes que permiten aplicar tasas cuando se activan salvamentos en montaña. Especialmente polémico es el caso de la alemana Lena Waterfeld, quien una noche del pasado agosto se perdió en un acantilado de Fisterra cuando realizaba una etapa del Camino de Santiago. Un amplio dispositivo integrado por Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil fue en su busca y la Conselleria de Medio Rural e Mar le ha enviado una factura de 4.803 euros que la turista dice que no piensa pagar al entender que si se extravió fue por la mala señalización del lugar. Ayora precisa que los rescates de extranjeros representan entre el 15% y el 17% del total de los que se realizan en España.
Peor lo tienen dos alpinistas que, según el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Francia, “tuvieron un comportamiento abusivo” al solicitar un helicóptero en el Mont-Blanc. La pareja deberá comparecer ante el juez por un presunto delito de “falsa divulgación de datos para conseguir ayuda”, penado con dos años de cárcel y multa de 30.000 euros.
El teléfono móvil es de gran ayuda ante situaciones comprometidas pero hay quien hace un mal uso de él. “Antes solucionabas muchos problemas por tu cuenta, andando unas horas más y con el apoyo de los compañeros. Ahora, el teléfono permite que mucha gente que no está preparada se atreva con todo”, subraya Simó.
“Lo que más perseguimos es el abuso de un servicio público que pagamos todos y que puede poner en riesgo la vida de los bomberos”, indica Ramon Parés. Pero muchas veces es difícil establecer cuándo la persona que solicita ayuda al 112 lo hace por causas justificadas. En este sentido, relata un caso acaecido el año pasado en el que hubo dudas de si era necesario tramitar la tasa o no. “Llamó un hombre que, regresando con su hijo de una excursión, llegó a un prado donde le acorralaron unas vacas. Al parecer iba de rojo, se asustó y los dos se subieron a una roca. Tenían miedo y pidieron ayuda a los bomberos. ¿Abusaron? Estaban asustados pero si esto le hubiera pasado al payés del pueblo no nos hubiera llamado. Fue un servicio muy costoso, de entre 6.000 y 7.000 euros, pues actuó un helicóptero. Decidimos no iniciar el trámite para cobrar la tasa porque ellos temían por su vida”, cuenta Parés.
El director general también constata que el efecto Kilian (Jornet) se traduce en que gente de todas las edades quieran imitar al atleta de la Cerdanya en entornos que no son el patio de su casa. “Es positivo que cada vez salga más gente a la montaña, pero hay unos cuantos que son unos irresponsables”, añade. A los 763 rescates realizados el año pasado por los bomberos en la montaña, hay que sumar 181 operaciones de búsqueda de personas perdidas y 105 salvamentos en el ámbito acuático.
Falta cultura de montaña, responsabilidad y respeto. La otra persona que ha pasado por caja en Catalunya desde que entró en vigo la normativa es un esquiador que, el 13 de marzo del 2011, provocó un alud en La Masella al hacer caso omiso de las señales y adentrarse en una pista cerrada. El capricho del hombre, y de otros que no fueron identificados, obligó a enviar a la zona tres helicópteros y nueve vehículos con un total de 35 bomberos, además de activar al Servicio de Emergencias Médicas, a los Mossos, a la Guardia Civil… El esquiador fue evacuado con hipotermia y una fractura de pelvis. Se recuperó y ha pagado 2.393 euros, cifra inferior a la solicitada inicialmente y al coste del operativo, que superó los 18.000 euros.